REDRESS - Rompiendo el silencio: Violencia sexual en las protestas sociales en América Latina

Tema y antecedentes

Como parte del proyecto, elaboramos un informe que mapea casos que reflejan la intersección entre la protesta, la tortura y la violencia sexual en América Latina. El informe se basa en recientes manifestaciones civiles en varios países de la región, incluyendo, entre otros, Chile, México, Nicaragua, Argentina y Venezuela. En todos estos contextos, las personas denunciaron no solo el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, sino también episodios de detención ilegal, algunos de los cuales implicaron actos de violencia sexual perpetrados por agentes estatales.

Los hallazgos de nuestro informe de mapeo fueron profundamente alarmantes: la violencia sexual y de género en contextos de protesta en América Latina no es incidental ni aislada, sino una herramienta deliberada de represión política y social. Prueba de ello es cómo las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente dicha violencia para intimidar, castigar y silenciar a mujeres, niñas, personas de género diverso y comunidades indígenas, lo que refleja una discriminación estructural profundamente arraigada. En muchos casos, esta violencia se considera tortura o malos tratos según el derecho internacional de los derechos humanos.

A pesar de los estándares legales existentes, existe una falta de protocolos operativos claros y enfoques diferenciados que consideren el género, la etnia y la orientación sexual. Esta brecha facilita la impunidad y perpetúa estos abusos, socavando los derechos de las víctimas y enviando un mensaje tácito de tolerancia por parte de los Estados en las Américas.

En este sentido, la impunidad no solo prolonga el sufrimiento de las víctimas, sino que también desalienta la denuncia y la participación en los movimientos sociales, debilitando el derecho a la protesta. La violencia a menudo se invisibiliza y normaliza, reforzando narrativas que presentan a los grupos marginados como amenazas al orden público.

Para abordar esto, nuestro informe de proyecto insta a reconocer dicha violencia como una forma de tortura y represión política, garantizar la justicia y adoptar la recopilación y el análisis interseccional de datos para dar cuenta de las diversas identidades. En definitiva, abordar este problema es crucial para salvaguardar la participación democrática y construir sociedades más inclusivas y equitativas.

Una vía estratégica para lograr este objetivo es avanzar en los litigios clave pendientes y aclarar los temas que siguen generando debate entre académicos y defensores de los derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, promover una comprensión más matizada de los escenarios y conceptos bajo los cuales puede ocurrir la tortura durante las protestas. Un desafío común es que los funcionarios estatales responsables de procesar estos casos a menudo imponen estándares rígidos e inalcanzables a las víctimas, estableciendo umbrales prácticamente imposibles para el reconocimiento legal de la tortura. Este enfoque ignora que, según el derecho internacional aplicable, la tortura puede ocurrir en una amplia gama de contextos, no solo en el contexto tradicional de detención e interrogatorio para obtener una confesión. Otras situaciones son igualmente plausibles, y reconocerlas es fundamental para el objetivo de nuestro proyecto. A través de esta iniciativa, buscamos apoyar a los miembros de ReLeG en la promoción de esta perspectiva en su trabajo nacional de incidencia y litigio.

Un ejemplo de esto es el caso emblemático de la Corte Interamericana “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”. El caso se centra en los sucesos del 3 y 4 de mayo de 2006, cuando las fuerzas policiales federales y estatales mexicanas llevaron a cabo un operativo a gran escala en San Salvador, Atenco y Texcoco para reprimir las protestas contra un proyecto aeroportuario. Durante este operativo, 11 mujeres fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a severa violencia física, psicológica y sexual por parte de agentes estatales.

La Corte determinó que el Estado mexicano violó múltiples derechos humanos, incluyendo la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad personal y el derecho a la protección judicial. Determinó que la violencia sexual infligida a las mujeres constituyó actos de tortura y que estos actos formaban parte de un patrón más amplio de discriminación y represión por motivos de género. La Corte también señaló el uso de estereotipos de género por parte de las autoridades, lo que contribuyó al sufrimiento de las víctimas e impidió su acceso a la justicia.

En su sentencia, la Corte ordenó a México implementar varias medidas de reparación:

• Realizar investigaciones exhaustivas e imparciales para identificar y sancionar a todos los responsables, incluidos aquellos en puestos de mando.
• Brindar atención médica y psicológica integral a las víctimas.
• Reconocer públicamente la responsabilidad del Estado y emitir disculpas formales.
• Establecer un observatorio independiente para monitorear la conducta policial y prevenir futuros abusos. Fortalecer los mecanismos institucionales para combatir la tortura sexual y garantizar la no repetición.

Sin embargo, la Corte no ha sido lo suficientemente proactiva en la supervisión de la ejecución de su sentencia, lo que ha dificultado el acceso de las víctimas a una reparación efectiva. Un componente clave de nuestro proyecto es enfatizar la importancia de impulsar el proceso de supervisión, no solo para garantizar que las víctimas puedan acceder a las reparaciones ordenadas, sino también para ayudar a desarrollar estándares concretos sobre cómo los Estados deben implementar las reparaciones para víctimas específicas. Más importante aún, el proyecto busca promover enfoques realistas y efectivos para las garantías de no repetición.

Objetivos

• Presentar los hallazgos clave del informe de mapeo regional para destacar cómo la violencia sexual en el contexto de la protesta social sigue siendo un problema ignorado y poco documentado en América Latina y a nivel mundial. El evento busca despertar el interés en replicar análisis similares en otras regiones, explorando la intersección de la tortura y la protesta en contextos comparativos, tomando como referencia lo que hemos encontrado en nuestro hemisferio.
• Concientizar sobre la urgente necesidad de un mayor reconocimiento, financiamiento y acción coordinada para abordar este problema, enfatizando el papel de los organismos internacionales, las ONG de derechos humanos, la sociedad civil organizada y las instituciones académicas en el apoyo a las víctimas y la promoción de la rendición de cuentas. 
• Proporcionar un ejemplo concreto de litigio internacional pendiente que ofrece oportunidades únicas para el desarrollo de estándares y la protección efectiva de las víctimas de derechos humanos. Presentaremos a actores clave involucrados en el caso emblemático Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México y destacaremos la importancia de promover un enfoque más proactivo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Promover una comprensión jurídica más amplia de la tortura en el derecho penal, mostrando cómo puede ocurrir más allá del contexto tradicional del interrogatorio en detención y otros escenarios clásicos. Utilizando el ejemplo de Chile, exploraremos la brecha entre los marcos legales progresistas y su implementación, y cómo la revisión de los estándares legales puede reflejar mejor las realidades de la tortura por razones de género en contextos de protesta.